Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

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¿Pueden contribuir las cláusulas sociales a mejorar los cuidados de larga duración?

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Begoña López González. Dra Sociología. Responsable del OBSERSERVASS. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Resumen:

La European Social Network, red europea especializada en servicios sociales, seleccionó como buena práctica la Contratación Pública con Clausulas Sociales que se viene haciendo desde diferentes administraciones públicas ubicadas en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.

Con objeto de dar a conocer la buena práctica, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar participó en un seminario sobre cuidados de larga duración dónde se reflexionó sobre las cláusulas sociales en el que participaron 140 organizaciones de 35 países.

A lo largo del artículo se analiza el uso de Cláusulas Sociales en la Contratación Administrativa en Asturias y su impacto en el ámbito de los cuidados de larga duración.

Palabras clave: contratación, cuidados, cláusulas sociales.

Introducción

La European Social Network, red europea especializada en servicios sociales, seleccionó como buena práctica la Contratación Pública con Clausulas Sociales que se viene desarrollando desde diferentes administraciones públicas ubicadas en la comunidad autónoma del Principado de Asturias. En este sentido invitó a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a participar en un seminario sobre cuidados de larga duración, brindando la oportunidad a los y las ponentes de reflexionar sobre el modo en el que la contratación con cláusulas sociales puede incidir en la calidad de los mismos.

Cláusulas de Responsabilidad Social en la Contratación Administrativa en Asturias

La contratación pública con cláusulas sociales cuenta con cierta tradición en Asturias. Aunque algunos municipios como Avilés ya la habían puesto en práctica con anterioridad. La Administración Autonómica comienza a aplicarla de forma generalizada en 2018, después de que el Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2018 aprobara las instrucciones y Guía Práctica para la Inclusión de Cláusulas de Responsabilidad Social y Medioambiental en la Contratación Administrativa de la de la Administración del Principado de Asturias y su Sector Público. Con su aprobación el Gobierno Autonómico perseguía que la contratación pública comportase un beneficio social añadido más allá de la mera prestación de servicios, ejecución de obras o la adquisición de bienes que persiguiese cada contrato en particular.

La Guía Práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental de contratación administrativa de la Administración del Principado de Asturias y su sector público constituye una recopilación abierta y ejemplificativa de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental. Su objetivo es ambicioso pues busca, en última instancia, la introducción de una nueva cultura en todos los órganos de contratación. Dado que, tal y como señala la misma Guía, pese al respaldo normativo de esta herramienta[1] y su recomendación a nivel comunitario en diferentes documentos estratégicos[2], la introducción de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en los procedimientos de contratación presenta dificultades, principalmente fruto del “desconocimiento por los distintos órganos de contratación de las posibilidades de incorporación de las mismas, así como de los posibles límites que pueden operar, ya que se han de conjugar las finalidades de la Ley y los principios inspiradores de la misma con la imprescindible seguridad jurídica en los procedimientos administrativos”.

Era necesario por tanto un documento que realizara un ejercicio didáctico, de puesta a disposición de los diferentes órganos de contratación de una recopilación de cláusulas sociales como la que contiene la Guía y que introdujese una nueva terminología en la definición de los objetos de contrato, para su inclusión en los expedientes de contratación.  

Esta fórmula pone el acento en la contratación como motor del desarrollo económico y social, como mecanismo útil para la consecución de políticas públicas, mediante la introducción de una nueva cultura de responsabilidad social y medioambiental en los órganos de contratación. 

[1] La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recoge la obligación de la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales.
[2] En el año 1996, el Libro Verde La Contratación Pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro, se recogía expresamente que "la política de contratación pública tiene una incidencia positiva sobre otras políticas comunitarias", para posteriormente señalar que "la reglamentación sobre contratación pública puede igualmente contribuir a cumplir los objetivos de la política social y del medio ambiente". Es la primera mención oficial en el ámbito comunitario a la consideración de que, una actividad administrativa transversal, cual es la contratación administrativa, puede constituir un elemento relevante a la hora de apoyar la consecución de otras políticas públicas. Posteriormente, la Estrategia Europa 2020, agenda de crecimiento y empleo de la Unión Europea para esta década, señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible, alzándose la contratación administrativa como un elemento clave de los Estados miembros para la consecución de esos fines.

Cuadro 1. Modelos de cláusulas sociales susceptibles de ser introducidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Fuente: elaboración propia. Cuadro 1. Modelos de cláusulas sociales susceptibles de ser introducidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Fuente: elaboración propia.

El uso de estas cláusulas comporta múltiples beneficios. Por un lado, tiene un impacto social por cuanto su introducción puede traducirse en la práctica en la incorporación al mercado de trabajo de personas que, por diferentes razones, encontraban dificultades para acceder al mismo. Adicionalmente, a nivel micro, la contratación de estas personas ayuda a romper estereotipos sobre el desempeño de estas personas en un puesto de trabajo, en tanto que en términos macro, permite premiar a aquellas empresas que mantienen políticas de responsabilidad social e incentiva a otras que no la tuvieran implementada.

Desde un punto de vista económico, el impacto es netamente positivo. La introducción de estas cláusulas no requiere de una movilización de recursos públicos adicionales, es decir, se trata de una herramienta de coste cero para las administraciones. En cambio, su aplicación puede ser económicamente beneficiosa para los sistemas de protección social. En primer lugar, fomenta la contratación de personas que potencialmente pudieran ser beneficiarias de prestaciones de los sistemas de rentas mínimas. Pero su impacto no se limita al ahorro, su retorno económico va más allá al incidir en el número de contribuyentes y de cotizantes y tiene efectos directos en la economía local.

Por otro lado, cabe destacar que el uso de estas cláusulas convierte políticas que no tienen un componente social, en activas desde este punto de vista, lo que se traduce en una mayor eficiencia de los recursos públicos.

Cláusulas sociales en la contratación en cuidados de larga duración

Los efectos positivos que incorporan a la contratación pública en general el uso de cláusulas sociales también son aplicables a los cuidados de larga duración. Analizadas las propuestas de cláusulas que propone la Guía aprobada para la Administración del Principado de Asturias se han identificado algunas que pueden ser beneficiosas para la provisión de los servicios de larga duración.

Por un lado, todas aquellas que inciden en la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadores/as del sector. Mejorar sus condiciones de trabajo hará que este resulte atractivo, permitiendo en primer lugar retener el talento de las personas que están vinculadas actualmente al sector, evitando la fuga de profesionales con experiencia a otros sectores mejor remunerados y/o con mejor imagen. Esta retención del talento incidirá tanto en la mejora de la calidad de los servicios, como en una mayor productividad y eficacia del sistema.

Además, permitirá atraer a profesionales con altas competencias. Una mejora de la calidad del empleo se traducirá en un incremento del atractivo para los y las profesionales con mayor talento, tanto de otros sistemas como en el caso de aquellos que están iniciando su carrera profesional. Por último, ayudará a evitar la escasez de profesionales: está previsto que la demanda en el ámbito de cuidados de larga duración crezca en el corto y medio plazo de la mano del envejecimiento de la población. Lo que incidirá en un aumento de la demanda de los y las diferentes profesionales vinculados al cuidado. La cobertura de los nuevos puestos de trabajo será factible en la medida en que más personas estén disponibles para incorporarse como trabajadores en este sector.

Por otro lado, son relevantes todas aquellas cláusulas que pueden tener su incidencia en la calidad del servicio que se viene prestado a las personas usuarias. Entre otros la puesta en valor de la formación continua de los y las profesionales involucrados/as; de la estabilidad en el empleo como fórmula de asegurar la capacitación y la experiencia de los mimos; o de la accesibilidad de los productos y servicios. Premiando a aquellas empresas o entidades que optan por la calidad en sus diferentes ámbitos y estimulando que otras apuesten por la misma.

Desafíos

No obstante sus beneficios tanto en términos económicos y de desarrollo como desde la perspectiva de calidad, el uso de cláusulas sociales ha tenido un desarrollo limitado en el ámbito de la contratación de la Administración del Principado de Asturias.

Esta herramienta de política social enfrenta un gran desafío: profundizar en su conocimiento por parte de los diferentes órganos de contratación de las Administraciones públicas como única vía para que su uso se generalice. Representa un reto particularmente significativo su extensión a otros ámbitos de la administración autonómica, pues si bien su implementación ha tenido cierto desarrollo en la contratación realizada por las administraciones vinculadas al Sistema Asturiano de Servicios Sociales, esta ha sido muy escasa o inexistente en otros ámbitos.

Las cláusulas sociales tienen encaje para cualquier contratación pública y generalizar su uso a otros sectores extendería sus impactos positivos, siendo el escenario deseable que toda la administración autonómica y local no vinculada con el sistema de servicios sociales se haga eco de las mismas.

Bibliografía

Comisión de Europea. (1996). Libro Verde La Contratación Pública en la Unión Europea: Reflexiones para el futuro. Recuperado de op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f49ef575-c032-44de-a7ff-4c21c0b0da28/language-es

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. (2018). Relación de acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de 3 de mayo de 2018. Recuperado de sede.asturias.es/Proveedores/FICHEROS/ESTRUCTURA%202011/NORMATIVA%20PERFIL/INSTRUCCIONES%20LEY%209_2017/guia_practica_clausulas_social_y_m_amb_07-05-2018.pdf

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. (2018). Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la contratación administrativa de la Administración del Principado de Asturias y su Sector Público. Recuperado de sede.asturias.es/Proveedores/FICHEROS/ESTRUCTURA%202011/NORMATIVA%20PERFIL/INSTRUCCIONES%20LEY%209_2017/guia_practica_clausulas_social_y_m_amb_07-05-2018.pdf

Jefatura del Estado. (2017). Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado nº 272, de 09/11/2017.

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