28 de abril de 2020
- El 44% de los trámites resueltos este año por la Administración proceden de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
- La gestión electrónica permite mantener el ritmo de la mayoría de los procedimientos y los objetivos del plan de choque para acabar con las listas de espera en el ámbito de la dependencia
- Melania Álvarez anuncia un refuerzo de 30 empleados públicos para la tramitación y revisión de la renta mínima autonómica con cargo al fondo de la COVID-19, por un importe de 481. 500 euros
- “Ahora toca empezar a pensar en no bajar nunca la guardia, en que debemos consolidar lo aprendido”, dice la consejera respecto a las actuaciones en las residencias de mayores
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha señalado hoy que los expedientes del salario social básico y de las ayudas a la dependencia han aumentado un 6,5% desde la declaración del estado de alarma, hasta llegar a los 392 diarios. En este sentido, ha subrayado que, pese al aumento de la demanda y los ajustes de la plantilla impuestos por el teletrabajo, la gestión electrónica ha permitido mantener el ritmo de tramitación de la mayoría de los procedimientos, así como los objetivos del plan de choque para acabar con la lista de espera en el ámbito de la dependencia.
“Cuando llegamos a esta consejería asumimos un compromiso con la ciudadanía y, pese a esta crisis sobrevenida, nos mantenemos en los plazos previstos. No daremos ni un paso atrás ni escatimaremos esfuerzos en este ámbito”, ha indicado Álvarez durante su participación en una videoconferencia con el grupo de trabajo constituido en la Junta General para el seguimiento del coronavirus.
La titular de Derechos Sociales ha explicado que el 44% de los expedientes resueltos por la Administración autonómica desde el 1 de enero pertenecen a su departamento. La mayoría están relacionados con la gestión de ayudas a la dependencia y el salario social básico (59%), la valoración de discapacidad (32%) y las ayudas a la vivienda (8%). En concreto, en los primeros 17 días de este mes se han tramitado 5.090 expedientes de dependencia y salario social básico. A juicio de la consejera, es necesario continuar impulsando procesos que permitan ganar agilidad en la gestión y facilitar la presentación de solicitudes por parte de la ciudadanía.
Álvarez también ha anunciado que reforzará con 30 empleados públicos más la plantilla que se encarga de la gestión y revisión de la renta mínima autonómica, lo que supondrá un gasto de 481.500 euros que se financiará con cargo al fondo COVID-19. “De este modo, nos anticipamos para situarnos en el peor de los escenarios que podría producirse a partir de junio, con un incremento de la solicitudes de salario social básico del 100% y una media de 500 peticiones al mes, tal y como ocurrió en los momentos más delicados de la pasada crisis”, ha señalado.
