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El Gobierno de Asturias refuerza con 100 millones su apuesta para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible

Miércoles 27 de febrero de 2018

  • Más del 93% de los fondos del plan 2018-2021 se dedican a políticas de apoyo al alquiler y a la rehabilitación del parque de edificios
  • El documento incluye innovaciones para mejorar la calidad de vida y  favorecer la inclusión social

 El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, que refuerza la apuesta del Ejecutivo autonómico por favorecer el acceso de la ciudadanía a un hogar asequible y accesible, con una inversión de 100.139.660 euros.

 El contenido del documento ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela,

 Más del 93% del presupuesto (93.461.710 euros) se destina a políticas de apoyo al alquiler, a la rehabilitación edificatoria y al mantenimiento del parque de inmuebles, con el fin de adecuarlo a las necesidades actuales de accesibilidad y eficiencia energética.

Asimismo, promueve actuaciones innovadoras con el fin de que la vivienda se convierta en instrumento de inclusión social y de mejora de la calidad de vida de las personas, como el programa Housing first, la intermediación en las comunidades de vecinos de edificios públicos o actuaciones de I+D+i dirigidas a mejorar el consumo y la habitabilidad en las edificaciones y a favorecer la autonomía de los mayores. También pretende avanzar en la prospección de nuevas formas de habitar, como las viviendas colaborativas o de cesión temporal de uso a largo plazo por parte de la iniciativa privada.

Este plan, el cuarto que se aprueba en Asturias, sigue las líneas del Acuerdo para la competitividad económica y la sostenibilidad social (Acess) y otorga especial importancia a la colaboración con los ayuntamientos, como administraciones más próximas a la ciudadanía. Asimismo, se ha elaborado en consonancia con el plan estatal de vivienda, tras analizar detalladamente la situación del sector y evaluar el plan anterior (2014-2016), prorrogado en 2017 y cuya ejecución se situó en el 98,9%, con una inversión de 84,3 millones.

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales prevé que durante su vigencia se rehabiliten más de 9.000 viviendas, se mejoren 41 entornos rurales y que más de 6.800 familias se beneficien de las ayudas para el alquiler. También se impulsará la construcción de 185 pisos públicos y se repararán más de 1.800 vacantes para permitir el acceso de nuevos usuarios al parque público regional, que es actualmente el segundo más amplio de España en relación con la población, con 9.720 inmuebles. 

El plan se articula en torno a cuatro ejes -que se corresponden con los tres objetivos principales más un apartado referido a las actuaciones normativas y estudios que se acometerán en este período- y se concretan en 20 líneas de actuación. Los ejes son los siguientes:

  • Vivienda asequible. Recoge todas las medidas dirigidas a favorecer el acceso a una vivienda. Apuesta por seguir aumentando el parque público con edificios sostenibles, eficientes e innovadores, que favorezcan un menor gasto. También plantea la mejora de la gestión de las ayudas al alquiler, que desde este año se conceden por tres años y priman las destinadas a jóvenes, así como el apoyo a la compra responsable de vivienda protegida y libre, si esta última resulta de rehabilitaciones integrales de edificios con fachada protegida. Además, en este apartado se hace referencia a la prospección de nuevas formas de habitar mediante la concesión de ayudas a iniciativas de viviendas colaborativas, de cesión temporal de uso a largo plazo u otras formas de acceso sin hipoteca.
  • Vivienda accesible y sostenible. Incluye las actuaciones para mejorar y conservar el parque edificatorio regional, en colaboración con el sector rehabilitador y tecnológico. El objetivo es que este ámbito siga siendo una referencia nacional. El plan propone actuaciones de I+D+i, mantiene las subvenciones a la rehabilitación de entornos rurales, las convocatorias anuales para reparación de inmuebles - con actuaciones de mejora de accesibilidad y eficiencia energética- y apoyos para la ejecución de los informes de evaluación de edificios. Hasta el 31 de enero de este año se registraron 11.844 informes de este tipo.
  • Garantía habitacional y lucha contra la exclusión residencial. Contempla medidas para detectar a la población más vulnerable y ofrecerle alternativas habitacionales, junto con medidas de acompañamiento social. Prevé el desarrollo de programas innovadores como la adaptación de viviendas públicas para favorecer la autonomía en personas mayores (experiencias de teleasistencia avanzada) y el mantenimiento de iniciativas de inclusión social ya iniciadas, como Housing first, así como planes de acompañamiento como las experiencias de intermediación comunitaria, que se llevan a cabo actualmente en 8 comunidades y benefician a 827 familias.
  • Apartado de normativa y estudios. El Principado impulsará el desarrollo del decreto de normas de habitabilidad, aprobado en diciembre, y la revisión del registro de demandantes de vivienda protegida. También mantendrá el premio de buenas prácticas que desde 2018 reconoce actuaciones ejemplares en materia de vivienda.
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