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El Gobierno de Asturias aprueba el proyecto de ley de Acción Concertada, que asegura la colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.

Martes 30 de octubre de 2018

  • La norma, muy importante para el tercer sector, permitirá mantener un modelo basado en la cooperación con las organizaciones que prestan servicios de forma eficiente en todos los ámbitos de la atención social

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Acción Concertada, con el que se dotará de un marco legal que garantice la continuidad de la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales. Esta norma, muy demandada por el tercer sector, permitirá mantener e impulsar un modelo sostenible y cohesionado, que pasa por la imprescindible cooperación con las organizaciones que prestan servicios de manera eficiente en todos los ámbitos de la atención social.

La nueva norma favorecerá el derecho de los usuarios a una asistencia continuada y de calidad, que ha de tener en cuenta el arraigo de las personas en su entorno. Podrá ser aplicado a otros ámbitos de la administración autonómica y también por parte de las entidades locales, que pasarán a contar con un marco seguro para la contratación de este tipo de servicios.

El Ejecutivo cumple así su compromiso de dar estabilidad a la colaboración con las entidades del Principado. Inicialmente, estaba previsto abordar este aspecto mediante el desarrollo reglamentario de la modificación efectuada en el año 2015 en la Ley del Principado de Asturias 1/2003,  sin embargo, tras analizar la evolución normativa, se optó por el diseño de una ley específica.

Este texto regula las medidas necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada: ámbitos susceptibles de acuerdos, prestaciones, características de las entidades colaboradoras, etcétera.  En este sentido, define como ámbitos de aplicación las prestaciones dirigidas a garantizar la protección de menores, la atención a personas con discapacidad o dependientes y sus familias, y también aquellas medidas que favorecen la inclusión social, entre otras que pueda determinar el Consejo de Gobierno en el marco de sus competencias.  

La finalidad de la acción concertada será la reserva y la ocupación de plazas para uso exclusivo por parte de usuarios de servicios sociales de responsabilidad pública, además de la gestión integral de prestaciones, servicios, programas, recursos o centros.

Para la selección de las entidades se tendrá en cuenta su implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, la valoración favorable de las personas atendidas, la calidad y la continuidad en la asistencia, la experiencia acreditada en la gestión y las certificaciones de calidad que posean. Además, se valorarán las buenas prácticas sociales y de gestión o la formación específica del personal.

El texto legal aprobado es similar a los promulgadas en comunidades como Aragón, Navarra o Valencia, y se ampara en la directiva europea 2014/24 y en su transposición al ordenamiento español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social.

También está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ratificó la acción concertada como instrumento de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, basado en los principios de solidaridad y eficiencia presupuestaria.

Las formas actuales de prestación de servicios sociales a las personas, diseñadas al amparo de este marco jurídico europeo, estatal y autonómico, se basan en una combinación equilibrada entre la gestión directa, la acción concertada y la gestión indirecta, con el fin último de dar la más eficaz y eficiente respuesta a la cobertura de las necesidades de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Por último, resaltar que esta nueva norma  facilita el marco jurídico para permitir el tratamiento de datos personales necesarios en el proceso de intervención social con las personas usuarias del sistema público de servicios sociales, al modificar la Ley del Principado de Asturias 1/2003,  para incorporar un nuevo título X, y recoger en nuestra Comunidad Autónoma una nueva forma de trabajar en los servicios sociales, respetuosa con la protección jurídica estatal y europea de los datos personales, basada en nuevos sistemas tecnológicos de información, con apoyo en el sistema de historia social única electrónica.

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